piratería editorial. El país tiene, además, el triste privilegio de
exportar libros piratas a varios países vecinos, como Argentina, Chile,
Bolivia y Ecuador. Con el sello de prestigiosas editoriales peruanas han
cruzado las fronteras desde obras de Juan Pablo II hasta novelas de
Gabriel García Márquez que jamás fueron contratadas por esas editoriales.
Y cuando la editorial Alfaguara, de España, puso a la venta en Lima La
fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa, con la firma ológrafa del autor y
a precios de ganga, los piratas se dieron maña para sacar su propia
edición en tiempo récord, más barata y sin omitir siquiera la firma
ológrafa. En más de una oportunidad, mientras espero la luz verde ante un
semáforo, un vendedor ambulante de libros piratas se me acerca y me
pregunta, alegre y amistosamente, ¿para cuándo su próximo libro, señor
Bryce?
Jueces, fiscales y autoridades de INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, entidad creada en 1993
para velar por el respeto de los derechos de autor), asumen, sincera o
falsamente abrumados, que más de mil trescientos procesos por delitos
contra el derecho de autor no han producido una sola detención. Por su
parte, los periodistas Meche García Belaunde y Marco Méndez Campos
escribían en el diario El Comercio, decano de la prensa peruana, que "Si
todas las personas dedicadas a la venta ilegal acuerdo con diversos
cálculos más de cuarenta mil personas en todo el país están involucradas
en esta ilícita actividad". En verano, los vendedores ambulantes de libros
piratas invaden las playas del litoral peruano, de norte a sur del país;
en invierno, pasean como Pedro por su casa por los campus de las más
prestigiosas universidades, donde abundan también los puestos de
reprografía ilegal; y a lo largo de todo el año abordan a los conductores
detenidos en los semáforos o exhiben su ilícita mercancía en calles y
plazas de todo el país, sin excluir tampoco las puertas de las más
importantes librerías.
Un importante distribuidor de libros asegura que por cada libro legalmente
vendido en el Perú se venden seis más en edición pirata. Y el director de
la editorial PEISA me cuenta que la suya es prácticamente la única
editorial peruana que sigue con las puertas permanentemente abiertas,
añadiendo enseguida, con dura ironía, que aquello puede ser muy bueno pero
también tremendamente grave. Tan grave como el hecho de que en un país de
veinticinco millones de habitantes sólo queden cuarenta librerías y que de
éstas el 40 por ciento se encuentre en sólo dos distritos limeños.
A diferencia de las cada vez más florecientes ferias de libros de Buenos
Aires, Guadalajara, Bogotá, Santiago o Miami, la última Feria
Internacional del Libro, de Lima, fue un evento tan triste y pobre como
poco concurrido, en una ciudad donde los cálculos más optimistas indican
que cada año por lo menos son pirateados unos tres mil títulos, que van
desde textos escolares hasta libros de especialidades médicas, pasando por
diccionarios, obras literarias, manuales de computación y textos
universitarios de diversas facultades.
Los editores piratas aprovechan el prestigio del autor, de la editorial
cuyo sello reproducen y de los gastos de publicidad que realiza el editor
formal. Aprovechan también de los aranceles a la importación y de los
impuestos a la impresión y comercialización de libros impuesta por el
Estado desde 1990, y han pasado a convertirse, desde 1998, en el sector
con mayor volumen de ventas, en desmedro del sector formal. La editorial
Alfaguara dejó de facturar alrededor de un millón de dólares en 1999 por
obras de autores como José Saramago y Ángeles Mastreta. "Sólo nuestra
distribuidora tiene treinta títulos pirateados y calculamos que dos mil
ejemplares por cada título", asegura la representante en el Perú del grupo
español Santillana.
Los representantes del Estado se defienden con cuentos de hadas de las
acusaciones de la Comisión de Lucha Contra la Pirateria de Libros, de la
Cámara Peruana del Libro. Se remontan al presidente Ramón Castilla, hace
ciento cincuenta años -durante cuyo primer gobierno se promulgó la primera
ley de Derechos de Autor-, para perder el tiempo (o para ganar tiempo) y
nada más. Porque nadie ha conocido jamás esas leyes, y menos aún la
policía y la población en general, en un país que, cada día más, es un
país con muchas leyes pero sin ley, y donde la gente se refiere a la
propiedad intelectual como "aquella que no se ve". Como tampoco se ve un
título nuevo hace mucho tiempo en la Biblioteca Nacional del Perú, que no
cuenta en su bibliográfica. Esto significa que la red de Bibliotecas
Públicas del Perú carece de los libros aparecidos en las últimas dos o
tres décadas.
"Paradójicamente -escribe Germán Coronado, presidente de la Comisión de
Lucha Contra la Piratería de Libros, comentando la ley sobre el derecho de
autor promulgada bajo la dirección de INDECOPI, en 1996-, ésta es
divulgada por ese organismo como una de las leyes más drásticas a nivel
latinoamericano en la represión de la piratería. Los tecnócratas que la
redactaron se llaman a sí mismo "autoralistas", es decir, defensores a
ultranza del autor, a quien consideran víctima permanente del "acecho" de
los editores. Movidos por esa maniquea idea, han creado un engendro que
protege, sólo en el papel, el derecho patrimonial del autor, "durante toda
la vida de éste y setenta años después de su muerte".
Y así, con una dilapidadora generosidad con lo inexistente, los
funcionarios de cuello y corbata se pasean por el mundo en viajes de cinco
estrellas y erario público, de congreso en congreso y reunión de estudios
en reunión de intercambios, hablando de las bondades de esta ley
modernísima, mientras los editores peruanos quiebran, las librerías
desaparecen, el mundo cada día les es más ancho y ajeno a los autores, y
los piratas reinan en el Perú.
Pero los piratas no son aquellos famélicos niños, adolescentes, adultos y
hasta ancianos que se recursean vendiendo libros a los que muy bien pueden
faltarles páginas o capítulos enteros, como también a ellos les faltan
calorías y vitaminas y proteínas y calcio y un Estado que poderosos,
mafiosos, atrapados, procesados y... y... y aquí no ha pasado nada. Son
unos peces tan gordos, tan pero tan gordos, que su peso abruma y aplasta a
las autoridades competentes, señores de vista tan pero tan gorda, a su
vez, que son incapaces de distinguir y capturar hasta al gordo más gordo
de todos los cuadros de gordas y gordos de Botero. ¿Cómo la ven?
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